Conflicto universitario: el Gobierno apelará la orden judicial que exige cumplir con la ley de financiamiento
La Casa Rosada recurrirá a la Cámara de Apelaciones tras la intimación de un juez federal bajo apercibimiento de multas diarias. Mientras el Ejecutivo defiende las partidas otorgadas, la comunidad académica ratifica la marcha federal.
El Gobierno nacional formalizó su decisión de apelar el fallo emitido por un juez federal que le otorgó al Poder Ejecutivo un plazo perentorio de cinco días para hacer efectiva la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución judicial establece además la aplicación de sanciones económicas diarias (astreintes) en caso de incumplimiento, una medida que profundizó la tensión política y judicial en torno a los fondos para la educación superior.
Desde la Casa Rosada adelantaron que la presentación se realizará ante la Cámara de Apelaciones con el objetivo de frenar la ejecución de la medida. Fuentes oficiales argumentaron que el fallo judicial incurre en una extralimitación de facultades al intervenir directamente sobre la administración de las partidas presupuestarias del Estado. Asimismo, sostienen que los incrementos salariales y las transferencias operativas implementadas en los últimos meses cubren los requerimientos del sector.
En el plano judicial, los equipos legales del Estado concentrarán su apelación en cuestionar tanto la viabilidad presupuestaria de la exigencia como la injerencia de los magistrados en competencias atribuidas al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación.
Por otro lado, la disputa legal no logró desactivar la movilización del sector educativo. Gremios docentes, no docentes y federaciones estudiantiles ratificaron la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre. Desde los sindicatos afirman que los aumentos dispuestos por decreto continúan rezagados respecto de la inflación y reclaman la aplicación integral de los mecanismos de actualización previstos en la ley.
Con los plazos judiciales en marcha y la confirmación de la protesta en las calles, el conflicto ingresa en una etapa clave que pondrá a prueba la respuesta legal del Ejecutivo y la capacidad de presión del sistema universitario público.